Pandemia, turismo y urbanismo

La pandemia del COVID 19 ha golpeado tremendamente al sector turístico. Ahora que parece controlarse con el proceso de vacunación se tienen que plantear las cuestiones relativas a su recuperación, una de las cuales es su relación complicada con la ordenación de territorio y el urbanismo. Otra cuestión, pero a la que ya he dedicado anteriores artículos, es la de responsabilidad patrimonial de las Administraciones por las mediadas restrictivas de las actividades de alojamiento y restauración y a esos anteriores artículos en este blog me remito.

La ordenación del territorio y el urbanismo -esencialmente en su faceta de planeamiento- tienen, como digo, una relación complicada con el turismo, particularmente con los alojamientos turísticos. Es obvio que los alojamientos turísticos de cualquier tipo -ya sean hoteles, residencias, campings, apartamentos  viviendas turísticas- suponen una actividad inmobiliaria e  implican una ocupación y un uso del suelo, junto con una actividad empresarial de mayor o menor envergadura.

En esta confluencia de actividades -inmobiliaria y empresarial del sector servicios turisticos- ha propiciado un conflicto normativo entre las normas y planes urbanísticos exigentes en sus autorizaciones y reglamentaciones urbanísticas y los principios de libre establecimiento y libertad de prestación de servicios que impera en el sector empresarial  de acuerdo con los principios del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, plasmados esencialmente en la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE) y en su transposición a la legislación española en varias normas.

Esta conflictividad incluso se ha trasladado a enfrentamiento entre instituciones con competencias distintas y en cuyo ejercicio han surgido conflictos. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha recurrido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -con la legitimación procesal que para ello le da el artículo 6 de la Ley reguladora de dicha Comisión Nacional- varias normas urbanísticas que entendía la Comisión que limitaban injustificadamente la libertad de establecimiento. Los casos más conocidos son los planeamientos urbanísticos afectantes a los alojamientos turísticos de  Madrid, Bilbao y San Sebastián (objeto de duros informes de la Comisión).

La Jurisdicción Contencioso Administrativa ha tenido ocasión de pronunciarse también en las mediáticas de las impugnaciones -la del Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT) de Barcelona- de numerosas empresas y asoiaiones del sector turístico que han finalizado con la anulación de importantes determinaciones de dicho Plan Especial.

Lo subyacente en este conflicto es el difícil equilibrio entre los principios de libertad de establecimiento y libre acceso a la prestación de servicios y las potestades administrativas de planeamiento urbanístico y ordenación territorial. En principio, es cierto que la Directiva de Servicios excluye de su ámbito de aplicación la ordenación urbanística, pero no es menos cierto que para imponer restricciones a la libertad de establecimiento no basta con titular “plan urbanístico al instrumento limitativo, sino que las limitaciones tienen que obedecer a causas justificadas, ser proporcionales y obedecer a razones de imperiosa necesidad.

En suma, que debe analizarse cada regulación, la situación real de cada municipio o de cada zonas, el riesgo  de “gentrificación” (concepto -con denominación de origen anglosajón- que implica la desnaturalización de una zona urbana y desplazamiento de su anterior población habitual) para evaluar la razonabilidad de las limitaiones  singulares.

 

Artículo original publicado en el blog de Expansión “Y de leyes, ¿qué?”

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