La variedad de medidas antiCovid en las diferentes Comunidades Autónomas

Las distintas medidas antiCovid en las diferentes Comunidades Autónomas, desde que terminara el primer estado de alarma y asimismo durante el segundo estado de alarma, generan un problema jurídico de primer orden.

En el primer estado de alarma las medidas antiCovid fueron adoptadas por el Gobierno de España e iguales para todo el territorio estatal por lo que el problema que tratamos en este artículo no se planteaba. Al terminar el primer estado de alarma y comenzar la que se llamó “nueva normalidad” se trasladó legalmente a las Comunidades Autónomas la decisión sobre las medidas antiCovid en cada territorio. Igualmente, en el segundo -y actual- estado de alarma se respetó casi totalmente la competencia de las Comunidades Autónomas, limitándose el Gobierno a establecer un marco común para el toque de queda, ampliable en una hora por las Comunidades y posibiitando algunas medidas restrictivas que éstas decidieran adoptar.

De esta manera, en las sucesivas “segunda y tercera olas” de la pandemia se han ido diversificando las medidas concretas añadidas al toque de queda, especialmente los cierres perimetrales y la prohibición o limitación de apertura de negocios y limitaciones de aforos.

Esta situación ha generado un distinto trato y unos distintos perjuicios dependiendo de la ubicación geográfica de la empresa o actividad profesional.Obviamente no es lo misma situación la de una actividad de hosteleria en Madrid, donde ha habido limitaciones de horarios y aforos, que  en Valencia, donde en determinado momento se suprimió toda la actividad de hostelería con atención al público en el propio local (incluso en terrazas), como ha ocurrido para ciertos municipios con alta incidencia de contagios en otras Comunidades.

Esta distinción de trato, (incluso entre Comunidades con similares cifras de contagios, hospitalizaciones y defunciones) hace inanes eventuales argumentos de que estamos ante perjuicios causados por fuerza mayor o para hacer frente a una situación de fuerza mayor. La prueba de que ciertos perjuicios han sido evitables en otras Comunidades Autónomas o en otros paises relativiza el carácter forzoso por razones epidemiológicas de las medidas restrictivas (consideración que se agrava con el caso de la sentencia -no firme al momento presente- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la orden de cierre de toda la hosteleria en los municipios con alta incidencia de contagios).

Esta diversidad de regímenes restrictivos hace más compleja la consideración jurídica de la indemnización de los perjuicios causados por las medidas antiCovid -ya de por sí compleja, como comentaba en mi anterior post en este mismo blog- pues introduce en el caso la situación de desigualdad entre las empresas de unas y otras zonas del territorio nacional, lo cual cuando hay semejantes datos de incidencia de contagios ente ellas lo hace problemático. Incluso se podría estimar la situación como de infracción no solo del principio genérico de igualdad, sino de los principios protegidos por la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y, por ende, de las libertades europeas de establecimiento y prestación de servicios.

Complicada situación, ciertamente, que esperamos tenga una justificación científica y sanitaria.

Artículo original publicado en el blog de Expansión “Y de leyes, ¿qué?”

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