La complejidad de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones por las medidas antiCovid

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones por las medidas antiCovid es muy compleja por inciarse con una actividad administrativa limitativa de derechos y generadora de perjuicios de la Administración del Estado (primera declaración del estado de alarma), pero luego trasladada a las decisiones de las Comunidades Autónomas, incluso algunas medidas de carácter municipal, complicado aun más con la segunda declaración del estado de alarma, aunque en este segundo estado de alarma las medidas restrictivas han podido ser decididas por las Comunidades Autónomas dentro de los márgenes del Real Decreto estatal.

La materia no solo es compleja en la determinación de la Administración competente en cada caso, sino también en orden a si conviene reclamar -con ciertas garantías de éxito- por los perjuicios directamente causados por las medidas restrictivas (así los perjucios directos causados por órdenes de cierre  o suspensión de actividades,  por limitaciones de horarios o de aforos para numerosas actvidades), o reclamar -además, obviamente, de por los perjuicios directos- por los perjuicios causados indirectamente por las medidas restrictivas (por ejemplo, los perjuicios causados a ciertos sectores económicos por las limitaciones a la movilidad de las personas).

La determinación de la Administración responsable en cada caso va a ser más o menos sencilla, pues en el artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece unos criterios definidos: la solidaridad entre Administraciones o el reparto entre ellas, en proporción a la competencia e intervención de cada una de ellas, siendo la solidaridad el criterio general cuando los perjuicios se generan mediantes fórmulas de actuación conjunta (consorcios, convenios y otras fórmulas análogas) y el criterio subsidiario en los casos de producción concurrente pero con formalizada.

La diversidad y complejidad de los posibles supuestos -incluso dentro de un mismo sector económico- y la diferencia en calidad e intensidad de las medidas entre las distintas Comunidades Autónomas, incluso entre municipios y áreas de salud, hace que resulte imposible dar unas pautas generales, Es preciso analizar caso por caso para poder ofrecer un diagsnóstico preciso, con evaluación de oportunidades con una cierta garantía de acierto.

Partiendo de una responsabilidad clara de la Administración del Estado por las medidas del primer estado de alarma y de una también clara de las Comunidades Autónomas por las de adopción autonómica, habrá una responsabilidad compartida en el segundo estado de alarma entre el Estado -por el marco de medidas generales- y de las Comunidades por las más restrictivas de cada una de ellas. Ello por no hablar de las mayores medidas, aunque de ámbito más limitado, que puedan haberse adoptado por entidades locales o entes institucionales con capacidad para ello.

En el caso de las responsabilidades por perjuicios indirectos -el caso paradigmático sería el de las restricciones de moviidad de las personas, en relación con algunos sectores (transporte, turismo, por ejemplo), la cuestión -tanto en el terreno de la justficación dogmática de la imputación de la responsabilidad (de gran complejidad jurídica), como en la Administración responsable (en este punto no sólo entre Estado Español y Comunidades Autónomas, sino que pueden estar implicados Estados extranjeros u organismos internacionales o supranacionales)- va a ser muy discutida y discutible.

Va a ser una cuestión generadora de “quebraderos de cabeza” para asesores de los perjudicados, para las Administraciones, pero sobre todo para los llamados a decidirlo en última instancia: los Tribunales de Justicia.

Artículo original publicado en el blog de Expansión “Y de leyes, ¿qué?”

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