El Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ¿debe dimitir a consecuencia de la investigación judicial por los daños producidos por la DANA en el pasado 29 de octubre de 2024 y los días posteriores?
Se trata de una cuestión muy complicada, pues en el estatuto de los presidentes autonómicos no se contempla expresamente este tipo de situaciones. Pero tenemos un antecedente bastante claro en la dimisión en 2011 de Francisco Camps como presidente de la Generalitat, al ser investigado por unas presuntas irregularidades en el encargo y pago de unos trajes. Obviamente aquellas irregularidades en el encargo de unas prendas de vestir -por las que luego sería absuelto Francisco Camps- son mucho más irrelevantes que los daños causados por las muy graves inundaciones producidas por las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2023.
Estamos ante más doscientas muertes violentas (efecto de las inundaciones) y millonarios perjuicios en los miles de viviendas, garajes y vehículos, y numerosas empresas y comercios, con daños y perjuicios -humanos y económicos- consecuencia irremediable de la negligencia y falta de medidas de precaución que parece son imputables a responsables políticos y administrativos.
La Administración de Justicia, las primeras diligencias el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Catarroja, pero más adelante -seguramente- el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, investigan las causas y los efectos de las inundaciones y de los daños causados.
Es casi seguro que de las confusas horas desde la lluvia tempestuosa de la mañana y el mediodía del 29 de octubre, hasta las trágicas horas de los desbordamientos e inundación de todas las comarcas afectadas, se evidencia una dejación de responsabilidades en la cúspide de la Administración autonómica que tenía la competencia de asumir las emergencias y evitar las consecuencias catastróficas de una incidencia climatológica muy grave objeto de predicción.
Las horas en las que estuvo incomunicado Carlos Mazón y ausente de despachos oficiales -a pesar de poder justificar causas objetivas de estas demoras- fundan la exigencia de responsabilidad administrativa patrimonial o civil y penal -aunque ésta plantee serias dudas, pues el delito de riesgo catastrófico o estragos es de complicada imputación-, lo más razonable parece que es la dimisión del máximo responsable autonómico.
